Cuáles son las claves del conflicto por el censo en Bolivia

El conflicto en Bolivia por la fecha del censo, que está próximo a cumplir un mes con un paro en la próspera región de Santa Cruz y ya causó al país pérdidas por valor de más de 800 millones de dólares, dejó al descubierto dos cuestiones que hasta el presente constituían un secreto guardado por las apariencias: la debilidad política de la oposición y la tensión interna que vive el oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS), dijeron analistas a Télam.

Santa Cruz, motor económico del país y bastión de la oposición de derecha y ultraderecha, inició un enfrentamiento con el gobierno central para exigir que en 2023 se realice un censo que actualice su representación legislativa y la cantidad de fondos estatales que recibe, en función de una cantidad de habitantes que considera superior a la que maneja la última estadística oficial.

El Ejecutivo nacional ya decidió por decreto que ese relevamiento será el 23 de marzo de 2024 y no antes porque no hay posibilidades técnicas para ello, y la oposición, en un intento que parece destinado a bajar sus pretensiones sin que se note demasiado, reclama ahora que esa fecha salga por ley, mientras mantiene además su pedido de que liberen a detenidos por cometer actos de violencia.

La iniciativa legislativa sobre la fecha del censo - cuyo año de realización, 2024, la derecha ya no discute como al principio del conflicto- va a ser muy difícil de que se haga realidad en pocos días, no sólo por la magra muñeca para la búsqueda de consensos parlamentarios mostrada por la oposición, sino también por las diferencias internas que existen en los bloques oficialistas de ambas cámaras.

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