Hay más de 12 millones de argentinos sin Defensor del Pueblo y crece la desigualdad
Tres provincias concentran el 91% de los recursos para Defensores del Pueblo.
En el país, seis provincias no cuentan con la figura institucional de la Defensoría del Pueblo y el Congreso no elige al Defensor del Pueblo desde hace 17 años a nivel nacional. Los datos surgen de un informe elaborado por el Observatorio del Control Público de Fundación Éforo.
En el mismo se advierte sobre las diferencias marcadas y existentes entre las Defensorías del Pueblo de las distintas provincias argentinas y se señala la falta de vacancias institucionales, acceso digital y las disparidades en los niveles de financiamiento. En este sentido, se da a conocer que tres distritos concentran el 91% de los recursos.
La directora del Observatorio del Control Público, Carla Pitiot señaló que sin recursos no hay defensa posible de los derechos y fue contundente al decir afirmar que: “si el discurso es defender a la gente, que se vea en el presupuesto”.
¿Qué es y qué rol cumple la Defensoría del Pueblo?
Las Defensorías del Pueblo son instituciones fundamentales para garantizar derechos humanos y su presencia territorial descentralizada en cada provincia busca responder a las demandas ciudadanas ante la vulneración de sus derechos.
Este organismo es uno de los engranajes institucionales que regula el desempeño de los funcionarios públicos en relación a la ciudadanía y equilibra el ejercicio del poder político y económico en el país.
Esta figura de enorme importancia fortalece el vínculo de la población con el Estado en todos sus niveles. Por eso, al momento de pensar los problemas que afectan a la democracia argentina, el rol del Defensor del Pueblo tiene que formar parte de cualquier debate serio sobre cómo desarrollar un modelo de crecimiento igualitario y justo.
El defensor del pueblo cumple el rol de defensa de los intereses colectivos, garantiza el efectivo ejercicio de derechos ciudadanos, de usuario y consumidor, protege a las personas de la acción u omisión de la administración pública y de las irregularidades en el sector privado.
Algunas de las muchas funciones que realiza están generar campañas para la promoción de derechos, recibir quejas y reclamos de la población ante violaciones de derechos humanos, realizar evaluaciones de políticas públicas y representar colectivamente las causas judiciales reclamadas por la ciudadanía.
Además, puede asesorar a la población en temas diversos que van desde el acceso a la vivienda, regulación del alquiler, evitar abusos por parte del mercado inmobiliario; intervenir en los procesos de fijación de tarifas de los servicios básicos como son salud, educación, acceso a la electricidad, agua, gas y telefonía; atender conflictos de carácter civil y comercial; garantizar la plena vigencia de los derechos electorales; apoyar la actividad de las organizaciones civiles, entre otros muchos.