El proyecto, que ahora vuelve al Senado para su ratificación tras sufrir cambios durante la discusión, establece que ambas Cámaras del Congreso deberán aprobar expresamente los DNU para que continúen vigentes. Actualmente, solo se requiere la validación de una cámara, lo que permitía al Ejecutivo avanzar con decretos aún frente a minorías parlamentarias.

 Aunque el artículo que establecía un plazo de 90 días corridos para que el Congreso se pronunciara sobre los DNU fue rechazado, la reforma mantiene otras restricciones relevantes: cada decreto deberá limitarse a un área específica, evitando decretos generales que abarcan múltiples temas, como el polémico decreto 70/23 de desburocratización del Estado.