Espionaje y campaña rusa: Milei promete avanzar “hasta las últimas consecuencias"

Tras la filtración de una masiva operación de desinformación, el Gobierno denunció penalmente la injerencia extranjera y apuntó contra medios y periodistas.

El presidente Javier Milei anticipó que el Gobierno avanzará con medidas judiciales e institucionales frente a la presunta campaña de desinformación atribuida a una red rusa, al advertir que se trata de “una gravedad institucional pocas veces vista en la historia” y asegurar que su administración buscará identificar a todos los responsables.

El mandatario sostuvo que la investigación revelada a partir de documentos filtrados muestra apenas “la punta del iceberg” de una estructura más amplia. “Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para identificar a todos los actores directos e indirectos que participaron de esta red de espionaje ilegal”, afirmó en redes sociales, al fijar la postura oficial frente a la controversia.

Según los informes difundidos por un consorcio internacional de periodistas, una organización denominada “La Compañía” habría desplegado entre abril y octubre de 2024 una campaña orientada a desacreditar al gobierno argentino. Los documentos mencionan un presupuesto cercano a los 283.000 dólares destinado a financiar más de 250 artículos críticos publicados en distintos medios digitales, además de acciones en redes sociales y otras iniciativas de influencia.

De acuerdo con los registros analizados, los contenidos difundidos incluían cuestionamientos al programa de ajuste económico, críticas al impacto social de las medidas oficiales y objeciones al alineamiento internacional del país con Ucrania. También se detectaron firmas inexistentes, autores ficticios y material presuntamente fabricado con herramientas digitales.

El accionar del Gobierno frente a esta situación se orienta a tres ejes principales: la investigación judicial, el refuerzo de los mecanismos de inteligencia y el seguimiento diplomático del caso. La Secretaría de Inteligencia del Estado ya había confirmado en 2025 la detección de una presunta red de agentes extranjeros y aseguró haber dado intervención a la Justicia Federal y al Ministerio Público Fiscal. “Su propósito era difundir información falsa e influir en la opinión pública argentina en beneficio de intereses geopolíticos extranjeros”, indicaron desde el organismo.