El ministro de Minería, Juan Pablo Perea, confirmó que el texto se encuentra en su última instancia de revisión legal, a cargo del área de asesoría letrada, donde se ajustan aspectos formales antes de su ingreso al circuito legislativo.

 La intención del Ejecutivo es que el debate parlamentario comience durante mayo, una vez finalizada la próxima edición de la Expo Minera, en un contexto donde el sector aparece como uno de los ejes centrales del desarrollo económico provincial.

 

Una ley con foco en desarrollo local

 El proyecto establece lineamientos orientados a fortalecer la cadena de valor minera, con especial énfasis en proveedores y servicios radicados en la provincia. Según explicó el funcionario, la iniciativa surge de un proceso de diálogo con empresas operadoras, cámaras empresarias y recorridas por departamentos clave como Iglesia, Jáchal y Calingasta.

Además, se trabajó de manera articulada con el Ministerio de Producción para integrar la actividad extractiva con el entramado productivo local.

 Desde el Ejecutivo, encabezado por Marcelo Orrego, sostienen que la norma apunta a establecer reglas claras y previsibles, alineadas con estándares internacionales, para mejorar la competitividad del sector.
 La futura ley se inscribe en un escenario donde San Juan concentra una parte significativa de los proyectos vinculados al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), lo que posiciona a la provincia como un actor clave en la agenda minera nacional.
 En ese marco, el oficialismo busca reforzar la confianza de los inversores mediante un esquema normativo que combine transparencia, estabilidad y desarrollo sostenible.